La Ley 1731, promulgada por el presidente Rodrigo Paz y publicada en la Gaceta Oficial del Estado, dejó sin efecto la Ley 1720, aprobada hace apenas un mes, dando paso a un nuevo proceso legislativo para replantear la normativa sobre la pequeña propiedad agraria en el país.

La nueva disposición establece que las cámaras legislativas deberán trabajar, en un plazo máximo de 60 días, en una propuesta normativa que defina mecanismos, condiciones y garantías para que la pequeña propiedad pueda acceder a beneficios posteriores a su conversión, mediante procedimientos técnicos, administrativos y legales.

La norma también ratifica la protección de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), comunidades indígenas y reservas naturales, además de garantizar procesos de concertación con entidades nacionales y departamentales.

La abrogación de la Ley 1720 se produce luego de movilizaciones y protestas impulsadas por sectores indígenas y campesinos que cuestionaban el contenido de la norma y exigían su eliminación. El Gobierno aseguró que la nueva etapa buscará construir consensos entre todos los actores involucrados.

La noche del miércoles, el mandatario destacó que la decisión fue resultado de acuerdos alcanzados con distintos sectores y afirmó que ahora se trabajará en una nueva legislación agraria “más equilibrada y consensuada” para el país.