La decisión generó controversia en la sociedad civil, con repercusiones en el ámbito político y judicial, que califican como “favoritismo” las determinaciones de la juez Moreno, quién en otrora fue funcionaria pública durante la gestión de Morales, entre 2012 y 2016, donde ocupó cargos como jefa del departamento jurídico y gerente de Impuestos Nacionales en Santa Cruz.

“Una jueza (Lilian Moreno) estancó una resolución donde estaría dejando sin efecto todas las acciones que se tenían en contra de Evo Morales, en un caso de trata y tráfico de personas y de lo que era una orden de aprehensión, respectivamente (…). Hay las instancias a través de la Fiscalía que deben seguirle un proceso por prevaricato a esta jueza, porque estas autoridades no son inmunes, la normativa también les alcanza”, aseveró Burgos.

Moreno actualmente ejerce en el juzgado 14 de Anticorrupción en Santa Cruz, el pasado miércoles se conoció que resolvió dejar sin efecto la orden de aprehensión contra Morales en el caso de trata y tráfico de personas agravado, relacionado con la presunta relación del investigado con una menor de edad y que había sido impulsada por la Fiscalía de Tarija.

La decisión generó controversia en la sociedad civil, con repercusiones en el ámbito político y judicial, que califican como “favoritismo” las determinaciones de la juez Moreno, quién en otrora fue funcionaria pública durante la gestión de Morales, entre 2012 y 2016, donde ocupó cargos como jefa del departamento jurídico y gerente de Impuestos Nacionales en Santa Cruz.

“Necesitamos que, tanto jueces como fiscales, actúen trasparentemente enmarcados en la Constitución Política del Estado (CPE), porque el día de mañana también se les puede (iniciar un proceso disciplinario o penal) a ellos y lógicamente las actuaciones de favoritismo, o algo, les puede caer”, insistió el legislador.

Se establece que el prevaricato es el delito que comete un funcionario público, especialmente un juez o fiscal, al dictar una resolución injusta a sabiendas de su ilegalidad, lo que se convierte en un “abuso de poder” que socava la confianza en el sistema judicial y puede tener graves consecuencias para las partes involucradas y para la integridad del Estado de derecho.

Para Burgos, la noticia sobre el dictamen presentado por Moreno “ha sido fraguado y forzado”, debido a que tras la emisión del fallo la juez “desapareció” y todavía no se tiene reportes de su paradero, pese a haber presentado una licencia por motivos personales en su oficina.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el mismo día en que lo salió la resolución de Moreno (miércoles 30 de abril), emitió un comunicado de aclaración pública mediante el Auto Constitucional 0083/2024, la vigencia de la Sentencia Constitucional 1010/2023 donde establece que ningún ciudadano boliviano puede ejercer más de 2 mandatos presidenciales, ya sean continuos o discontinuos, criterio que también se aplica a autoridades nacionales, departamentales o municipales, y ratifica la inhabilitación de Evo Morales como candidato a la presidencia en las siguientes Elecciones Generales de agosto.

“Quiero aclarar esto al pueblo tarijeño, Morales no estaba inhabilitado por 1 o 4 procesos que pueda tener, o porque sea denunciado (…), Evo Morales está inhabilitado porque así lo dice la CPE y la última sentencia constitucional que ha sacado el TCP, especificando y aclarando que ningún ciudadano boliviano puede ser presidente más de dos veces en el mismo cargo, ya sea continua o discontinua, eso es lo que lo inhabilita a Morales”, explicó Burgos. // Fuente: ABI