La reorganización del Estado busca reducir el gasto y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, en un contexto de crisis económica heredada tras 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). En ese marco, el Decreto Supremo 5727 establece acciones legales para la reorganización, disolución y/o liquidación de empresas públicas deficitarias del nivel central, además de medidas destinadas a evitar perjuicios económicos al Tesoro General del Estado (TGN) como los registrados en procesos anteriores que se extendieron durante años.

La norma fija plazos para la ejecución de estos procesos, con el objetivo de determinar con precisión los activos y pasivos de cada empresa, así como las obligaciones derivadas de préstamos otorgados por el Banco Central de Bolivia (BCB) y aquellos casos en los que el TGN figure como garante. Esta decisión tiene como antecedente la Ley N.º 1755 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, aprobada el 30 de julio por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con más de dos tercios de votos, cuyo artículo 6 establece la reorganización, disolución y/o liquidación de empresas públicas. Asimismo, la información de la cartera de Estado señala que fueron planificadas 174 plantas industriales por un total de $us 3.164 millones.

El proceso de expansión de las empresas públicas continuó durante los gobiernos del MAS y estuvo acompañado por la denominada “industrialización con sustitución de importaciones”. En 2025 se inauguraron plantas vinculadas a biocombustibles, construcción, manufactura, fertilizantes, agroindustria, insumos, industria farmacéutica, litio, minería, química básica y alimentos. Entre ellas estuvo una planta procesadora de papas, mientras que, según la información del ministerio de la Preisdencia, de las 174 plantas planificadas, 40 fueron entregadas, 19 estaban en funcionamiento y 134 permanecían en construcción.

En 2006, al inicio de los gobiernos del MAS, existían nueve empresas públicas, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Hasta 2025 se llegaron a crear 67 empresas públicas y, según el texto, las únicas rentables fueron YPFB, Comibol y ENDE, que ya prestaban servicios antes de la llegada del MAS al poder. Asimismo, el Gobierno informó que los expresidentes Evo Morales y Luis Arce destinaron $us 7.750 millones para el sostenimiento de 45 empresas nuevas y 22 subsidiarias, de los cuales se recuperó el 18%, mientras que el 82% restante, equivalente a unos $us 6.000 millones, prácticamente no era recuperable. // BTV