El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, afirmó que asumirá el desafío de institucionalizar el Ministerio Público hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designe a otra autoridad. Asimismo, señaló que ingresa “a un campo de guerra”, debido a la existencia de personal que aún respondería a la anterior administración, por lo que sostuvo que la institución debe estar conformada por funcionarios idóneos y comprometidos con la ley.

En ese marco, anunció la realización de una auditoría jurídica integral al Ministerio Público, cuyos resultados servirán para adoptar las medidas que correspondan. Urioste indicó que, en caso de identificarse hechos de corrupción o irregularidades, se actuará conforme a la normativa vigente, con el propósito de avanzar en la institucionalización y recuperación de la credibilidad de la entidad.

“Se debe dejar una institución funcionando que responda a la necesidad de un Estado boliviano que necesita justicia accesible, gratuita, pronta, oportuna, principalmente incorruptible, ese el desafío”, afirmó. Asimismo, sostuvo que la confianza ciudadana solo podrá recuperarse con fiscales que respondan al Estado de derecho y no a intereses económicos, políticos o personales. En ese sentido, cuestionó prácticas que, a su juicio, convirtieron a la Fiscalía en una institución extorsiva y susceptible a influencias externas.

Finalmente, el fiscal interino convocó a la ciudadanía a respaldar el proceso de transformación institucional mediante la denuncia de hechos de corrupción. Exhortó a la población a no temer al momento de denunciar a fiscales involucrados en presuntos actos irregulares o extorsiones, y remarcó la necesidad de terminar con el silencio y la impunidad para fortalecer una justicia transparente y al servicio de la sociedad. // BTV