El ministro
de Gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó este miércoles que haya persecución
política en contra de Luis Fernando Camacho y presentó 33 indicios probatorios
que respaldan la detención preventiva del excívico cruceño por el caso Golpe de
Estado I.
“Se tienen 33 indicios o
elementos probatorios en contra del señor Camacho, recabados por el Ministerio
Público para emitir las imputaciones correspondientes para su detención
preventiva en el penal de Chonchocoro”, dijo la autoridad en conferencia de
prensa. Explicó que estos indicios hacen referencia al actuar de Camacho en los
hechos violentos de noviembre de 2019, que derivó en la ruptura del orden
constitucional y la ascensión irregular de Jeanine Añez a la presidencia.
Detalló que el caso Golpe
I inició el 20 de noviembre de 2020 a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, el
7 de diciembre del mismo año el Ministerio Público emitió la denuncia formal
contra Camacho.
El 7 de octubre de 2021,
la comisión de fiscales pidió tomar las declaraciones de José Luis Camacho
Parada (padre), con carácter previo a la declaración de Luis Fernando Camacho.
El 13 de julio de 2022 se
emitió nuevamente una orden de citación; sin embargo, nuevamente hizo caso
omiso, desafiando a la justicia boliviana, no presentándose a las audiencias
citadas.
Ante esa obstaculización
y desacato, el Ministerio Público y los representantes de esa instancia se
ampararon en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y libraron su
correspondiente orden de aprehensión en octubre, acción que se ejecutó recién
en diciembre. “Incluso antes de haber sido citado por comparendos, él pudo
haberse presentado por iniciativa propia, bajo la figura de la presentación
espontánea; pero no lo hizo”, acotó Del Castillo.
Camacho fue aprehendido
el 28 de diciembre en Santa Cruz y trasladado a la Sede de Gobierno, donde
radica el caso Golpe de Estado I.
La Justicia dispuso su
detención preventiva por cuatro meses en el penal de Chonchocoro. Ante ese
contexto, la autoridad rechazó que haya persecución política en contra del
excívico cruceño y que todo el procedimiento ejecutado en su contra se ampara
en normas vigentes. // ABI