Con el objetivo de atraer inversión extranjera y modernizar el sector energético, el presidente Rodrigo Paz anunció el envío del proyecto de Ley de Electricidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), instancia que deberá debatir y aprobar la propuesta. La normativa forma parte del paquete de reformas con el que el Gobierno busca desmontar el denominado “Estado Tranca”, reducir la burocracia y contribuir a la reactivación económica.

Entre los principales lineamientos de este proyecto, es que plantea un modelo de mercado abierto y una transición hacia un sistema tarifario equitativo, eficiente y transparente que fomente la competitividad. Además, la también contempla una reestructuración institucional para que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías recupere su rol central en la definición de la política energética del país, función que anteriormente estaba delegada en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). 

Asimismo, se plantea que el sector privado pueda realizar interconexiones internacionales, una facultad que anteriormente estaba centralizada y era exclusiva de ENDE. Por otra parte, la Autoridad de Electricidad y el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) funcionarían de manera independiente, con el objetivo de garantizar una fiscalización e imparcialidad de carácter técnico.

Como parte de esta reforma, el Ejecutivo busca transformar la matriz energética y posicionar a Bolivia como un centro de distribución o hub energético para Sudamérica. En junio, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5647, que establece un límite tarifario para fijar un tope máximo del 5% en la variación mensual promedio de las tarifas reguladas de distribución eléctrica, con el propósito de proteger a los consumidores de incrementos abruptos. // BTV