La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba solicitó informes al gobernador Leonardo Loza sobre el acta de acuerdo suscrita con dirigentes y bases de la Federación Especial del Transporte Libre para impulsar la denominada Parada Chapare. El asambleísta Edwin Jiménez cuestionó que se haya dispuesto un predio de propiedad de la Gobernación para el funcionamiento de los minibuses y surubíes que se trasladan desde el trópico cochabambino, y pidió conocer el sustento legal de la decisión.

Pedido de informes

Jiménez señaló que el predio comprende aproximadamente una cuadra y media de terrenos pertenecientes a la Gobernación. Según el asambleísta, la ALD no tuvo conocimiento previo del convenio, por lo que solicitó al Ejecutivo departamental informar bajo qué normativa se determinó disponer de estos bienes públicos y cuáles son las condiciones establecidas en el acuerdo con el sector del transporte.

El asambleísta afirmó que existen procedimientos y disposiciones que deben ser considerados antes de definir el uso de predios públicos para una actividad de estas características. En ese sentido, mencionó la necesidad de contar con informes relacionados con movilidad urbana, flujo vehicular y transporte, además de las autorizaciones municipales que correspondan.

Jiménez sostuvo que, desde el criterio de la ALD, el convenio no habría sido puesto a consideración de la instancia legislativa departamental. Por ello, pidió que el gobernador explique si existe una norma que le faculte a disponer del predio y detalle las condiciones bajo las cuales se habría acordado su utilización.

ALD advierte posible tráfico de influencias

El legislador planteó además la posibilidad de que el caso sea investigado por un eventual tráfico de influencias, aunque aclaró que corresponde establecer primero si existen elementos que sustenten esa observación. Su cuestionamiento se centra en que no habría una normativa conocida por la ALD que faculte al Ejecutivo departamental a disponer directamente de esos predios para beneficiar a un determinado sector del transporte.

“Nosotros como Asamblea Departamental, la máxima instancia de fiscalización, legislación y gestión, no hemos conocido este acuerdo”, señaló Jiménez. Añadió que, desde su perspectiva, el convenio debería contar con el respaldo de las instancias correspondientes y cumplir las normas que regulan el uso de bienes públicos.//BTV