El Ministerio Público presentó una imputación penal en contra del encarcelado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso Carro Bombero o compra de un carro bombero en medio de irregularidades y que hasta el momento no fue entregado.

En este caso, el excívico y gobernador cruceño es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El Ministerio Público solicitó que, mientras se desarrollen las investigaciones, Camacho sea detenido preventivamente por 180 días en la cárcel Chonchocoro, donde actualmente guarda detención por ser unos de los principales acusados en el caso Golpe de Estado I o hechos de 2019 que derivaron en el quiebre institucional democrático.

La Fiscalía inició la investigación luego del voraz incendio que afectó a más de un millar de gremialistas en el Mercado Mutualista, la noche del 31 de julio de 2022. Aquella madrugada del 1 de agosto, el gobernador Camacho llegó al mercado y los comerciantes lo increparon por la falta de condiciones para combatir siniestros de esa magnitud.

Ante esa situación, Camacho respondió que la Gobernación solo cuenta con carros cisternas y no carros bomberos. Más tarde, asambleístas departamentales denunciaron que en octubre de 2021 aprobaron el presupuesto de 1,7 millones para comprar un carro bombero.

Fue el diputado Rolando Cuellar el que denunció este caso en la Fiscalía y reveló que la Gobernación firmó un contrato para la compra de un carro bombero el 28 de enero de 2022 y que la entrega estaba prevista para el 27 de junio, sin embargo, no se concretó.

Según la denuncia, presuntamente hubo una contratación irregular, porque el motorizado fue comprado por invitación directa y no mediante licitación pública.

En este caso, el 25 de septiembre, el juez determinó la detención preventiva de quien era director de Seguridad Ciudadana. Es investigado por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El 29 de septiembre, el representante legal de la empresa ABM también fue enviado a la cárcel con detención preventiva, acusado por delitos como contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Tras la investigación, la Gobernación decidió disolver el contrato de adquisición por incumplimiento del plazo de entrega de la empresa contratada.

Camacho también es investigado por la aprobación de un decreto para dejar como gobernador a un secretario de su confianza, siendo que existe la autoridad del vicegobernador. // Ahora el Pueblo