La elaboración del anteproyecto del nuevo Código Minero avanzó con la participación de más de 40 instituciones y 140 expertos, informó el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca. Explicó que el trabajo comenzó en diciembre de 2025, con la planificación de acciones y la recopilación de sugerencias y observaciones a la Ley Nº 535, proceso que se extendió hasta abril de este año.

Ante la necesidad de una reforma integral, el Ministerio de Minería decidió convocar a una cumbre minera, que se desarrolló de manera parcial debido a dificultades de participación de algunos actores. En el encuentro participaron representantes del sector cooperativo, entre ellos Ferreco y Fecoman, además de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), sus subsidiarias y los sectores estatal y privado. Posteriormente, se incorporó a las comunidades indígenas originarias campesinas, luego de observarse que no estaban representadas en el proceso.

La sistematización de las propuestas se realizó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), debido a su experiencia en procesos similares en otros países. Según Calderón de la Barca, la información fue organizada de manera transparente en seis ejes temáticos, lo que permitió elaborar una guía para la redacción del nuevo Código Minero, estructurada en dos libros: uno referido a la parte sustantiva y otro a la procedimental.

El ministro explicó que el objetivo es contar con una normativa que tenga mayor permanencia y no pueda modificarse fácilmente mediante reglamentos. “Se pretende que sea un código y no una ley solamente, porque de esta manera va a poder perdurar en el tiempo, y se le va a ser mucho más difícil cambiar con reglamentos, como ha sucedido con la (Ley) 535, todo lo que venía aconteciendo en esta normativa”, señaló. En septiembre se convocó a un encuentro de líderes con diferentes actores, entre ellos la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y sus regionales departamentales, aunque algunos representantes abandonaron la reunión.

Entre los sectores que participaron estuvo la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Para facilitar su participación, se dispuso el alojamiento de sus representantes en un hotel de lunes a viernes, de modo que los fines de semana retornaran con sus familias y socializaran las propuestas con las organizaciones a las que representan. Además, se recibieron más de 20 propuestas escritas de proyectos de ley, que fueron consideradas en la redacción del anteproyecto entre septiembre y octubre con la participación de todos los involucrados, incluidos funcionarios del Viceministerio de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). A finales de octubre se consolidó un documento inicial que fue presentado a diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Respecto al alcance de la nueva normativa, Calderón de la Barca señaló que se busca impulsar una minería responsable con el medio ambiente y las comunidades, que cumpla las disposiciones nacionales, departamentales y municipales, con participación de los sectores estatales, cooperativos y privados. El propósito, afirmó, es avanzar hacia “una minería de otro nivel”. Asimismo, informó que se proyecta gestionar un crédito para fortalecer los proyectos de Comibol y generar condiciones para atraer grandes inversiones.

En cuanto a los proyectos de gran magnitud, el ministro recordó que, durante un viaje a Canadá, en marzo de este año, se presentaron siete de los 28 proyectos identificados. Indicó que se necesita mayor información sobre los yacimientos bolivianos para demostrar su potencial y atraer capitales internacionales. También explicó que las iniciativas de gran escala requieren más tiempo para concretarse, con plazos estimados de cuatro a cinco años: “necesitamos proyectos de gran magnitud”.

Por otra parte, advirtió que la demanda de explosivos superó la capacidad de producción de la empresa nacional Maxam Fanexa, mientras que la firma peruana Carmar busca ingresar al mercado boliviano. Añadió que durante los 53 días de bloqueos se buscaron otros proveedores, pero los conflictos generaron incertidumbre sobre su posible instalación en el país.

Finalmente, Calderón de la Barca anunció que la siguiente etapa será la socialización del anteproyecto del Código Minero en distintos departamentos, a partir de la segunda semana de noviembre. Este proceso se desarrollará con la participación de la ALP, principalmente de las brigadas parlamentarias, con el propósito de presentar la propuesta y recoger nuevos aportes de los diferentes sectores. // BTV