Otro caso de corrupción fue denunciado por el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García este martes. Esta vez la entidad denunciada es la Caja Nacional de Salud (CNS), entidad que en 2023 ejecutó “movimientos económicos que se han efectuado en franca violación a las normas”. La suma que fue objeto de estos movimientos asciende a más de Bs 95 millones.

La Contraloría General del Estado (CGE) emitió el informe CGE-GPA-INF número 111-2026, el cual señala que la CNS efectuó contrataciones bajo la modalidad de fondo de avance y no así a través de licitaciones públicas, tal como señala la norma nacional.

“Todas las instituciones públicas, por supuesto incluida la Caja Nacional de Salud, están obligadas a realizar sus contrataciones de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 181 y sus modificaciones. Es decir, si como entidad voy a hacer una contratación que supera un millón de bolivianos, la entidad está obligada a realizar una licitación pública”, explicó García.

¿Qué implica esta modalidad? La elaboración de un documento base de contratación, realizar una convocatoria pública, establecer una comisión de calificación y ejecutar una evaluación de propuestas. Sin embargo, ¿qué hizo la Caja Nacional de Salud en la gestión 2023?

“Utiliza un mecanismo denominado fondos en avance. Jamás, jamás podría ser admisible que se efectúen contrataciones públicas como fondos en avance. Esta modalidad de fondos en avance es permitida cuando existen urgencias y emergencias, y se tiene que generar un gasto menor que no pueda esperar una contratación pública”, destacó el titular de Transparencia.

¿Qué hizo la CNS?

García explicó que la CNS dispuso de Bs 95 millones de bolivianos en la modalidad de “fondos de avance” y se entregó cheques a funcionarios.

“Por ejemplo, el señor Constantino Carlos Colque Huarachi recibe dos cheques. Un cheque de más de 40 millones, el otro cheque de más de dos millones de bolivianos.  Supuestamente estos cheques se entregan para que estas personas hagan las compras, hagan las provisiones de medicamentos y de insumos. Pero esta modalidad de recibir dinero de parte del Estado y uno hacerse cargo de las compras no está permitido en ninguna norma”, puntualizó García.

Auditoría reporta otros elementos

Según el informe de la CGE, existe una resolución de directorio 044-2023 que supuestamente posibilita este mecanismo a raíz de una emergencia. Tras la revisión correspondiente, García informó que en 2023 no se produjo un hecho de emergencia que justifique que los Bs 95 millones sean entregados en cinco cheques como parte de fondo de avance.

“La Contraloría evidencia que los fondos en avance tenían que estar destinados a gastos específicos extraordinarios, urgentes por emergencia, y no así para evadir el cumplimiento de los procedimientos de la contratación pública. Es por eso que este informe de Contraloría, con un informe de auditoría interna, recomiendan al director de la ASUSS a presentar la denuncia ante el Ministerio Público y efectuar las acciones legales correspondientes”, añadió. //BTV