La Ley 1733 de Alivio Tributario, promulgada por el presidente Rodrigo Paz, ya entró en vigencia y establece condonaciones extraordinarias de deudas fiscales, eliminación de multas y facilidades de pago para contribuyentes con obligaciones pendientes ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional.

La norma dispone, por única vez, la condonación total de deudas tributarias, multas y sanciones por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a periodos anteriores a enero de 2018. El beneficio alcanza incluso a deudas con resoluciones administrativas o judiciales ejecutoriadas, así como a procesos en etapa de impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva, siempre que no exista remate de bienes concretado.

La ley también incluye la condonación de deudas tributarias correspondientes a la gestión 2020, sin importar el monto adeudado. Sin embargo, quedan excluidos los contribuyentes cuyo tributo omitido acumulado al 31 de diciembre de 2017 sea igual o superior a Bs 10 millones.

Para las deudas generadas entre 2018 y 2025, la norma habilita un plazo de 120 días calendario para regularizar obligaciones mediante dos modalidades: pago al contado o pago en cuotas. En el primer caso, el contribuyente cancelará únicamente el tributo omitido actualizado y el 50% del mantenimiento de valor, quedando condonados intereses y multas. La segunda opción permite acceder a planes de hasta 36 cuotas mensuales, eliminando sanciones e intereses, aunque manteniendo la actualización del tributo.

Podrán acogerse a estos beneficios las declaraciones juradas pendientes de pago, declaraciones no presentadas, rectificatorias, procesos de fiscalización, facilidades de pago incumplidas y causas administrativas o judiciales en curso.

La ley también elimina multas por contravenciones tributarias no vinculadas a procesos de determinación cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025, además de sanciones por contrabando contravencional y multas pendientes cuando el contribuyente ya canceló el tributo e intereses.

Entre otros cambios, la nueva normativa modifica el Código Tributario Boliviano y fija en cuatro años el plazo general de prescripción para que la Administración Tributaria pueda fiscalizar, imponer sanciones y ejecutar cobros. Asimismo, redefine la base imponible del IVA, estableciendo que el cálculo deberá realizarse sobre el precio real del bien o servicio antes de impuestos.