El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5759, mediante el cual se declara la Situación de Emergencia Nacional ante los efectos de la sequía y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027. La medida busca proteger a la población y los medios de subsistencia de la población, además de fortalecer las acciones de prevención, respuesta y recuperación frente a posibles eventos climáticos adversos.

La decisión fue recomendada por el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade), mediante la Resolución 014/2026 del 30 de octubre.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que la sequía ya afecta a 114.048 familias de 63 municipios en seis departamentos. Según los registros del 1 de junio al 29 de octubre de 2026, 78.217 familias se encuentran afectadas y 35.831 damnificadas; además, se contabilizan 1.486 comunidades perjudicadas, 167.511 hectáreas afectadas, de las cuales 60.106 se reportan como perdidas, y 75.013 cabezas de ganado perdidas. La situación repercute en la producción agropecuaria, las actividades económicas y las condiciones de vida de miles de personas.

Justiniano advirtió que las condiciones climáticas podrían agravarse durante los próximos meses. Mientras el altiplano, valles y el Chaco enfrentan la falta de lluvias, los pronósticos también identifican posibles riesgos de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes de ríos en distintas regiones. Aclaró que estas previsiones no significan que todos los eventos necesariamente ocurrirán, sino que constituyen advertencias para organizar medidas preventivas y preparar una respuesta oportuna.

La atención de la emergencia será una tarea conjunta entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios, con la participación de los ministerios según sus competencias y la coordinación de Defensa Civil, además del apoyo de las Fuerzas Armadas cuando corresponda. El ministro señaló que se trabaja en mecanismos de financiamiento para ampliar los recursos disponibles y que las acciones inmediatas contemplan identificar comunidades de mayor riesgo, actualizar planes de contingencia y organizar las capacidades de respuesta. // BTV