Luego de más de 13 horas de debate, a las 6.00 de este domingo, la Cámara de Diputados aprobó la “Ley 161, de Regulación de Estados de Excepción”, con la participación de 130 legisladores en la sesión, quienes aprobaron la mayoría de los 27 artículos de la norma por dos tercios de votos.

La norma fue remitida al órgano Ejecutivo para su promulgación. Con esta normativa el presidente Rodrigo Paz Pereira tiene todo el respaldo constitucional para declarar estado de excepción y así defender la seguridad del Estado y los derechos humanos de la población.

El debate sobre el contenido de la norma estuvo marcado por cuestionamientos de algunos diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de Alianza Popular, de Andrónico Rodríguez, que se empeñaron en señalar que la Ley y la declaración de un estado de excepción solo causarán más enfrentamientos y muertes. También insistieron en justificar los bloqueos de caminos, porque, en criterio de ellos, no hubo diálogo de parte del Gobierno, pero sí otras falencias que desencadenaron en las medidas de presión.

En cambio, el resto de los parlamentarios reclamó que se estén violando todos los derechos humanos de la población, es decir, a la vida, salud, educación, libre tránsito, trabajo, entre los fundamentales, y que tal situación no podía continuar ni validarse que seguidores de Evo Morales tengan secuestrados a los ciudadanos de todo el país, ni tampoco se puede reconocer la legitimidad de sus demandas porque éstas no pueden estar por encima de las necesidades de la población, ni pueden reducirse al capricho de pedir la renuncia del presidente Paz Pereira. 

Finalmente, los diputados que votaron por la aprobación de esta ley reglamentaria señalaron que Bolivia, sus habitantes y la democracia, son víctimas de ataques terroristas financiados por el narcotráfico a pedido del jefe de las seis federaciones de cocaleros del Chapare cochabambino, que busca trastocar la política nacional para recuperar el poder sobre el Estado, acceder a impunidad y evitar el castigo de la justicia por la comisión de varios delitos.

Más de un mes intentando dialogar

Hasta este domingo son 37 días que el Gobierno del presidente Paz Pereira dialogó con la dirigencia de varios movimientos sociales que piden atención a demandas de orden económico y social, acción que aún continúa y las invitaciones al diálogo son constantes. En contra parte, los seguidores de Evo Morales se niegan a dialogar porque se encaprichan en pedir que Paz Pereira renuncie a la presidencia de la nación, no tienen otra petición de orden razonable.

Muchos sectores productivos, institucionales y laborales de la población, solicitan al Gobierno que aplique el estado de excepción para que el órgano Ejecutivo proceda a desbloquear los caminos para restablecer el libre tránsito y la conexión normal entre departamentos.

El proyecto de ley ya fue tratado y aprobado el pasado jueves en el Senado y remitido a la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Constitución de Diputados aprobó el reglamento por mayoría y sin modificaciones, pero con observaciones. En la tarde de este sábado se inició el tratamiento en plenario, con el objetivo de apurar su tratamiento y debate, y se decidió aprobar por dos tercios de votos una dispensación de trámite. La sesión se realizó con la participación de asambleístas en el hemiciclo y otros lo hicieron de manera virtual. 

El presidente explicó que el espíritu de la ley que reglamentará la aplicación del estado de excepción, se enfocará en que todo el esfuerzo de la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas y Gobierno, en caso de declararse ese estado, se enmarcará como “acción humanitaria” para cambiar el actual contexto de bloqueos de caminos. 

Con la aprobación de este reglamento, el Ejecutivo busca evitar vacíos jurídicos en el eventual caso de tener que declarar estado de excepción para terminar con los bloqueos. La medida está establecida en los artículos 138 al 140 de La Constitución Política del Estado, y se utiliza para defender la seguridad ciudadana ante alguna amenaza externa, convulsión interna o desastre natural.

El reglamento permitirá activar un estado de excepción mediante la aprobación de un decreto supremo, norma que posteriormente debe ser aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa, y la duración del mismo puede extenderse hasta por 90 días, pero de forma excepcional, este “régimen jurídico extraordinario” se podría ampliar siempre y cuando la Asamblea Legislativa así lo autorice. // Fuente: DIRCOM