El Gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 5706, que establece nuevas medidas para fortalecer la prevención, detección y seguimiento de posibles hechos de corrupción en las entidades públicas. El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, explicó que la norma busca modificar la forma en que funcionan las unidades de transparencia y ampliar sus mecanismos de fiscalización.
García señaló que la nueva disposición representa una decisión institucional para jerarquizar la lucha contra la corrupción y promover una gestión pública basada en la integridad.
Cambia la designación de las unidades de transparencia
Uno de los principales cambios está relacionado con la designación de los responsables de las unidades de transparencia. El viceministro explicó que anteriormente estos funcionarios eran designados directamente por las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) de cada entidad y respondían a esa instancia.
Con el Decreto 5706, el representante gubernamental, mediante el Viceministerio de Transparencia, propondrá a las MAE a los responsables de estas unidades. Según García, esto permitirá fortalecer la fiscalización y generar mecanismos de control en todas las entidades públicas.
Ya no esperarán las denuncias
Otro de los cambios centrales es que las unidades de transparencia podrán realizar acciones inmediatas y no tendrán que esperar a que una denuncia llegue a sus oficinas.
“No vamos a esperar que la denuncia llegue al escritorio”, afirmó García. Explicó que podrán solicitar directamente información y documentación cuando existan indicios de posibles irregularidades, además de plantear políticas estructurales para reducir riesgos de corrupción.
El nuevo enfoque también contempla el uso de sistemas digitales y trazables para determinados procesos. García puso como ejemplo el manejo de combustible y señaló que estas herramientas permitirían verificar en tiempo real cómo se administran los recursos de transporte.
Rastreo patrimonial y recuperación de activos
La norma incorpora además acciones para realizar seguimiento patrimonial de personas vinculadas a investigaciones por corrupción, mediante coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
García remarcó que el objetivo no será únicamente identificar un hecho y procesar a los responsables, sino también recuperar los recursos que hubieran afectado al patrimonio público. “Necesitamos que esos recursos económicos (...) vuelvan al patrimonio de todos los bolivianos”, sostuvo.
Cooperación internacional
El Viceministerio también prevé gestionar cooperación internacional y asistencia técnica para fortalecer las investigaciones y el trabajo conjunto con el sistema de justicia. García explicó que Bolivia busca ampliar su participación en mecanismos internacionales que permitan realizar rastreo financiero y seguir posibles movimientos de recursos fuera del país, incluidos bienes y criptoactivos.
Casos que serán revisados
Durante la conferencia, García mencionó como ejemplos la infraestructura construida para el Parlamento de Unasur y la Casa Ejecutiva de YPFB en Las Palmas, en Santa Cruz.
Respecto a la obra de Unasur, informó que existe una denuncia presentada ante el Ministerio Público y señaló un daño económico de Bs 504 millones por una infraestructura que calificó de ociosa. Agregó que cuando se realizó la recepción definitiva de la obra, el Parlamento de Unasur ya no existía.
También informó que un relevamiento de la asignación financiera de YPFB entre 2020 y 2025 identificó más de Bs 417 millones destinados a infraestructura tecnológica. Según García, pese a esa asignación, la empresa realizaba conciliaciones de despachos de combustible mediante tablas de Excel, por lo que cuestionó el destino de esos recursos.
Integridad como nuevo concepto
El Decreto 5706 también incorpora el concepto de integridad pública. García explicó que la finalidad no es únicamente garantizar que los funcionarios no oculten información, sino promover que actúen correctamente incluso cuando no exista una fiscalización directa.
En ese marco, anunció mecanismos de reconocimiento para los servidores públicos que destaquen por su integridad y señaló que se impulsarán ajustes normativos para que esos reconocimientos puedan traducirse en mejores condiciones institucionales y estabilidad para quienes cumplan con esos méritos.//BTV

