La Sala Constitucional Segunda admitió una Acción Popular presentada contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana por las movilizaciones y bloqueos que afectan distintas regiones del país y generan perjuicios a millones de ciudadanos.

La acción judicial busca que se evalúe el impacto de las medidas de presión sobre derechos fundamentales como el acceso a la salud, la libre circulación, el abastecimiento de alimentos y medicamentos, además del derecho al trabajo.

El recurso surge en medio de una creciente tensión social por los bloqueos instalados en carreteras y ciudades del país, particularmente en La Paz, donde sectores denuncian escasez de productos básicos y dificultades para la atención médica.

“Protestar no puede significar dejar sin comida, sin medicamentos y sin trabajo a toda una población”, señala el argumento central de la Acción Popular presentada ante la Justicia.

Mientras el conflicto continúa, diferentes sectores ciudadanos expresaron su rechazo a las medidas de presión y exigen soluciones inmediatas para evitar mayores afectaciones económicas y sociales en el país.A