El Gobierno declaró como prioridad nacional la lucha contra la corrupción, la transparencia, la integridad pública y la protección de los recursos del Estado, mediante el Decreto Supremo 5706. La norma, además, fortalece el papel del viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, quien se constituye en el “Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia”.

Un nuevo rol de coordinación

En esta función, García tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las acciones vinculadas con transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, además de asumir la representación gubernamental en estas materias. El decreto le permite articular acciones con entidades públicas, organismos estatales, instituciones autónomas y otros sectores relacionados con la gestión de recursos públicos.

Prevención, detección y control

La norma establece mecanismos orientados a prevenir y detectar hechos de corrupción, identificar riesgos y fortalecer los sistemas de integridad dentro de las entidades públicas. También contempla acciones inmediatas de verificación “in situ” en instituciones con participación estatal, con el objetivo de evaluar posibles riesgos o situaciones que requieran atención.

Acceso a información para las investigaciones

El representante gubernamental podrá solicitar información física o digital a las entidades correspondientes, que deberán proporcionarla de manera inmediata y obligatoria, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el decreto. También se prevé la coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para fortalecer las acciones relacionadas con la prevención y detección de hechos vinculados a corrupción y manejo irregular de recursos.

“Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal”

Con estas disposiciones, el Gobierno busca consolidar una política de “Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal”, otorgando al Viceministerio de Transparencia un papel de mayor articulación y seguimiento. El Decreto Supremo 5706 establece así un marco para reforzar la prevención, el control y la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción.