Con el objetivo de luchar contra el contrabando, el Gobierno afirmó que el Decreto Supremo 5676 busca frenar este delito a mediano plazo, ya que afecta directamente a las arcas del Estado, al abastecimiento interno y a los costos del sector productivo. Esta normativa regula a tres sectores específicos según su consumo mensual de carburante y establece un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores.  

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, enfatizó que existen mafias vinculadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), razón por la cual se están tomando medidas estructurales para realizar cambios profundos en ambas instituciones. 

De acuerdo con reportes oficiales, el contrabando de combustible movía de forma ilícita entre $us 3 y 4 millones por día antes de las reformas energéticas, y que se presume que personas inescrupulosas utilizarían envases denominados como “bombuchas” para cargar diésel en estaciones de servicio de áreas urbanas. // BTV