Enriquecimiento ilícito, legitimación
de ganancias ilícitas y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas,
son los tres delitos que presentó el Viceministerio de Transparencia, Seguridad
Jurídica e Integridad Pública ante el Ministerio Público contra el exdirector ejecutivo
y exdirectores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por presuntos
cobros irregulares
El delito de enriquecimiento
ilícito es por los depósitos y movimientos económicos que no tendrían una
justificación compatible con los ingresos de las exautoridades.
Legitimación de ganancias
ilícitas se debe a las presuntas operaciones destinadas a movilizar o dar
apariencia de legalidad a recursos de origen irregular.
Y falsedad en la declaración
jurada de bienes y rentas es por la identificación de bienes que no habrían
sido declarados oportunamente ante la Contraloría General del Estado.
Sobre este último aspecto, el viceministerio
de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, indicó
que las investigaciones no solamente identificaron depósitos bancarios, sino
también vehículos y lotes de terreno que no habrían sido declarados de manera
oportuna.
“Hemos encontrado vehículos,
hemos encontrado lotes de terreno que tampoco han sido declarados oportunamente
ante la Contraloría”, afirmó la autoridad, quien inició toda esta investigación
gracias a una denuncia anónima.
El viceministro sostuvo que toda
la documentación recopilada, incluidos los informes financieros y el detalle de
las transferencias identificadas, será presentada ante las instancias
correspondientes para que se investiguen los hechos y se establezcan las
responsabilidades que correspondan.
La denuncia busca esclarecer el
funcionamiento de una presunta estructura de corrupción que habría utilizado
procedimientos administrativos y regulatorios de la ANH para obtener beneficios
económicos ilegales, tanto de actores privados del sector hidrocarburífero como
de funcionarios de la propia institución.
Depósitos y cobros a funcionarios de la ANH
La investigación no se limitó al
exdirector ejecutivo. García informó que otros exdirectores de la institución
también registraron movimientos económicos que no guardarían relación con sus
ingresos declarados.
Uno de los casos corresponde a un
exdirector de distritos de la ANH, a quien se identificaron depósitos
injustificados por más de 364.000 bolivianos.
Según el viceministro, esta
exautoridad habría exigido dinero al propio personal de la institución,
mediante depósitos mensuales de diferentes montos.
“Al personal se le pedía
depósitos mensuales de 2.000, 3.000 hasta 6.000 bolivianos. Recurrentemente se
hacen estas extorsiones al personal y van a más de 364.000 bolivianos”,
denunció García.
Otro caso corresponde a un
exdirector de planificación de la ANH, quien habría recibido más de 386.000
bolivianos en transferencias sin justificación.
En este caso, el viceministro
destacó un hallazgo particularmente relevante: entre los movimientos
financieros identificados figuran 14 transferencias provenientes de empresas de
aviación, compañías mineras, exfuncionarios de cooperativas mineras y
estaciones de servicio de Cochabamba, Santa Cruz y otros distritos.
Para García, estos movimientos
permiten corroborar parte de los hechos descritos en la denuncia anónima,
particularmente los cobros que supuestamente se realizaban a empresas y
propietarios de estaciones de servicio.
«Aquello que decía el denunciante
anónimo, nos cobran a las estaciones de servicio, nos cobran a las empresas,
nos cobran a los surtidores, lo hemos acreditado», sostuvo.
La estructura se mantuvo pese al cambio de autoridades
La investigación también
identificó movimientos económicos irregulares vinculados a exdirectores
generales de Regulación de la ANH.
En el primer caso, una exautoridad
habría recibido transferencias por más de 120.000 bolivianos, provenientes de
funcionarios de la propia agencia y de trabajadores de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB).
García señaló además que esta
persona habría realizado transferencias a efectivos policiales por montos que
oscilaban entre 6.000 y 12.000 bolivianos, sin una justificación identificada.
Tras su desvinculación, otra
persona asumió la dirección, pero los investigadores encontraron un mecanismo
similar: depósitos superiores a 100.000 bolivianos, provenientes de
exfuncionarios que realizaban aportes mensuales a esta nueva autoridad.
“Este cuadro nos demuestra que
más allá de la persona que estaba a cargo de la Dirección General de
Regulación, el que entra seguía bajo el mismo mecanismo. El que entra hacía que
funcione esta misma estructura”, manifestó el viceministro.
A criterio de García, este
hallazgo evidencia que las irregularidades denunciadas no estarían
circunscritas a una sola autoridad, sino que habrían involucrado a diferentes
exdirectivos que mantuvieron el mismo mecanismo de recaudación ilegal. //BTV

