Los más de 50 días de bloqueos en las carreteras dejaron un impacto económico adicional para el sector importador. Transportistas, despachantes de aduana e industriales estiman que alrededor de 6.000 contenedores acumularon multas por sobreestadía que ya superan los Bs 30 millones, debido a que no pudieron ser devueltos a tiempo a las empresas navieras.

Desde la Cámara Departamental del Transporte de La Paz (Cadetran) advirtieron que el monto continúa incrementándose, ya que varios contenedores permanecen retenidos y algunas navieras exigen el pago anticipado de las sobreestadías antes de permitir su retiro. El sector alertó que estas obligaciones económicas podrían comprometer la continuidad de algunas empresas.

Los representantes explicaron que los contenedores no pudieron ser trasladados dentro del plazo de 21 días establecido por la normativa debido a los bloqueos en las carreteras. Recordaron que el Decreto Supremo 29819 contempla excepciones en casos de fuerza mayor o conmoción civil, por lo que solicitaron al Gobierno intervenir ante las navieras para hacer cumplir esa disposición.

Los despachantes de aduana señalaron que corresponde gestionar la condonación de estos cobros extraordinarios, considerando que el incumplimiento de los plazos no fue responsabilidad de los importadores ni de los transportistas. Además, remarcaron que cerca de 6.000 contenedores quedaron afectados durante el conflicto.

El sector también advirtió que las multas terminarán repercutiendo en toda la cadena comercial. Los costos adicionales podrían incorporarse al precio final de los productos, mientras que la Cámara Nacional de Industrias alertó que esta situación representa un nuevo factor de presión sobre la inflación, en un contexto económico ya complejo.

Hasta el momento, únicamente las navieras MSC Bolivia y Maersk anunciaron la condonación de los cargos generados durante el periodo de bloqueos. Sin embargo, los sectores afectados indicaron que aún existen al menos seis compañías que no se pronunciaron y reiteraron el pedido al Gobierno para gestionar una solución que evite mayores perjuicios económicos tanto para las empresas como para los consumidores.