La Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción ya se encuentra vigente tras su promulgación por el presidente Rodrigo Paz. La norma establece el marco legal para la aplicación de medidas extraordinarias en situaciones que pongan en riesgo la seguridad del Estado, la estabilidad institucional o la integridad de la población.

Pese a su entrada en vigencia, la declaratoria de un estado de excepción no será automática. Para su aplicación, el Órgano Ejecutivo deberá emitir un decreto supremo específico que justifique la medida y establezca su alcance territorial, temporal y operativo. Posteriormente, el documento deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa, que tendrá un plazo de 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.

La presidenta de la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, Catherine Pinto, aclaró que la ley no otorga facultades irrestrictas a la Policía Boliviana ni a las Fuerzas Armadas. Explicó que la norma incorpora principios de proporcionalidad, subsidiariedad y respeto a los derechos fundamentales, además de exigir que previamente se agoten las vías de diálogo antes de adoptar medidas excepcionales.

El texto legal determina que la Policía actuará bajo coordinación del Ministerio de Gobierno, mientras que las Fuerzas Armadas podrán intervenir únicamente mediante el Ministerio de Defensa para tareas de apoyo logístico, resguardo de infraestructura estratégica y protección de vías fundamentales. Asimismo, la movilización de tropas solo podrá autorizarse mediante una orden escrita del Presidente cuando la capacidad operativa policial resulte insuficiente.

La normativa también establece que un estado de excepción podrá extenderse por un máximo de 90 días y que cualquier ampliación requerirá autorización legislativa. Entre los aspectos más debatidos figura la denominada “presunción de legalidad operativa” para las acciones de policías y militares durante la vigencia de estas medidas, disposición que ha generado criterios divididos entre legisladores oficialistas y de oposición.

La promulgación de la ley se produjo en medio de la sexta semana de bloqueos y conflictos sociales. Durante el acto oficial, el presidente Paz señaló que el país enfrenta amenazas contra la democracia y reiteró su convocatoria al diálogo. En respuesta, dirigentes cocaleros del trópico de Cochabamba advirtieron con "tomar" unidades militares y señalaron que no se responsabilizarán por lo que le vaya a pasar a efectivos policiales y militares en el Chapare. 

@boliviatv ? Dirigentes cocaleros del Chapare advirtieron con la toma de unidades militares en la región y lanzaron una amenaza contra efectivos de seguridad. “No nos hacemos responsables de lo que les pase a militares y policías”, afirmó uno de los representantes del sector de Chimoré, #Cochabamba.