El juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó este sábado prisión preventiva para el expresidente de Paraguay Santiago Peña, imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank. La medida se cumplirá en el Regimiento Escolta Presidencial, donde el exmandatario permanece bajo custodia.

La decisión judicial se conoció después de la audiencia de imposición de medidas cautelares, tras la comparecencia de Peña ante el Ministerio Público. La Fiscalía había solicitado su prisión preventiva luego de presentar la imputación formal en su contra.

De acuerdo con la investigación fiscal, Peña habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank. Los investigadores también señalan que el exmandatario habría mantenido vínculos económicos y corporativos con el grupo empresarial propietario de la entidad financiera durante parte de su gestión presidencial.

La Fiscalía sostiene que el banco recibió recursos de instituciones públicas mientras realizaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico. Estas operaciones fueron observadas por los organismos de supervisión del Banco Central del Paraguay.

La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central, quien fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. El Ministerio Público solicitó igualmente su prisión preventiva.

Según los reportes sobre el proceso, la Fiscalía imputó a 27 personas por este caso. Entre ellas se encuentra Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, además de otros exdirectivos de la entidad financiera.

La crisis de Ueno Bank derivó en una fuerte repercusión política y financiera en Paraguay. El banco tenía alrededor de 2,94 millones de clientes y administraba recursos de instituciones estatales, entre ellas el Instituto de Previsión Social, que durante la administración de Peña habría invertido aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad.

La situación también desencadenó un juicio político contra Peña, quien fue destituido el viernes 6 de noviembre por el Senado, bajo la acusación de mal desempeño de funciones. Tras su salida del cargo, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay.//BTV