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Gobierno coincide con política antidrogas de EEUU y aguarda información sobre nuevos casos

  • 2026-09-30
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Foto: El vocero presidencial José Luis Gálvez

Tras el anuncio de Estados Unidos sobre nuevas restricciones de visa para otros 20 funcionarios bolivianos, el vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que el Gobierno nacional coincide con la política de lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo impulsada en la región. El Departamento de Estado anunció las nuevas restricciones, aunque hasta ahora no difundió la identidad de las personas alcanzadas por esta segunda medida.


Gobierno pide información

Gálvez señaló que el Ejecutivo solicitó, a través de la Cancillería, un informe ampliado sobre los señalamientos para que, en el marco de la legislación boliviana, se realicen las investigaciones que correspondan. “Reconocemos las decisiones del Gobierno americano de su política migratoria”, sostuvo el vocero, al remarcar que la lucha contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico requiere también fortalecer las instituciones.


El vocero se refirió además al caso del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien fue incluido en las primeras restricciones anunciadas por Estados Unidos. Gálvez sostuvo que corresponde al Legislativo analizar los señalamientos y determinar las acciones que considere pertinentes. El Gobierno ya había anunciado que solicitaría a Estados Unidos información complementaria y elementos que permitan esclarecer las acusaciones.


Nuevas restricciones

El Departamento de Estado estadounidense informó que, además de las medidas anunciadas el lunes contra ciudadanos bolivianos, está tomando acciones para imponer restricciones de visa a otros 20 funcionarios del país, a quienes calificó de “corruptos”. La nueva lista todavía no fue publicada.


En la primera acción, Estados Unidos anunció restricciones contra ciudadanos bolivianos vinculados a la justicia, la Policía, una exautoridad y un empresario, además de declarar inelegibles para obtener visa a otros nueve ciudadanos que no contaban con una vigente. Entre los afectados se encuentra Mariaca, contra quien el Departamento de Estado formuló acusaciones relacionadas con presuntos sobornos y narcotráfico.