Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española vincula al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, con una presunta gestión de influencia ante autoridades bolivianas en favor del grupo empresarial peruano Gloria. Según la investigación, estas acciones habrían estado relacionadas con litigios millonarios que la compañía mantenía en Bolivia.

De acuerdo con el documento, fechado el 22 de junio, los investigadores consideran acreditado que Zapatero promovió reuniones entre representantes del conglomerado peruano y autoridades del Estado boliviano, entre ellas el entonces ministro de Justicia. La UDEF también sostiene que el exmandatario habría buscado apoyo de altos funcionarios, incluido el expresidente Luis Arce.

La investigación señala que, como presunta contraprestación por estas gestiones, Zapatero habría recibido 200.000 euros a través de un contrato de asesoría suscrito con la empresa Focus Social Research. Sin embargo, los investigadores sospechan que dichos servicios no habrían sido prestados y que la compañía habría actuado como intermediaria para canalizar los pagos.

Según el informe policial, el grupo Gloria recurrió al exlíder socialista después de que decisiones administrativas adoptadas por el Estado boliviano afectaran sus intereses económicos. La UDEF sostiene que el objetivo era obtener apoyo político e institucional para influir en procesos relacionados con disputas empresariales en Bolivia.

Los investigadores también identifican a Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, como una figura clave en la coordinación de reuniones y contactos. Asimismo, mencionan a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España, como presunta intermediaria entre representantes del grupo Gloria y el expresidente español.

La información surge del análisis de dispositivos electrónicos incautados durante las diligencias del denominado caso Plus Ultra. En el informe remitido al juez, la UDEF señala que los hechos investigados refuerzan los indicios de una presunta estructura dedicada a gestionar influencias utilizando contactos políticos e institucionales. Hasta el momento, las conclusiones forman parte de una investigación en curso y deberán ser valoradas por la autoridad judicial competente.