La aprehensión del ciudadano brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, conocido como Pablo Escobar de Goiás, fue resultado de un operativo coordinado entre la Policía Boliviana, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Policía Federal de Brasil. La intervención se realizó el pasado 24 de octubre en el municipio de Concepción, Santa Cruz, y permitió ejecutar 11 allanamientos en distintos inmuebles de lujo del departamento, de los cuales ocho fueron incautados por su presunta vinculación con una organización criminal.

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, informó este lunes que el aprehendido operaba en territorio boliviano con dos identidades falsas: Julio Javier María Sampaio y Julio Salles Barbosa. Además, utilizaba los alias de Junior Trindade, Cabezao y Pablo Escobar de Goiás para desarrollar sus actividades criminales en ambos países.

Incautaciones de lujo

Entre los inmuebles allanados se encuentran una hacienda en el municipio de Concepción, un hangar y un parque de diversiones. Durante las intervenciones también se incautaron seis vehículos de alta gama, siete motos acuáticas, cuadratracks, armas de fuego, 664 gramos de marihuana, 11 celulares y computadoras. Asimismo, se reportó la aprehensión de otras seis personas: tres brasileños, un holandés, un colombiano y una boliviana.

Álvarez explicó que Engri Júnior de Almeida Maia inició sus actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y al sicariato en Brasil, donde ascendió rápidamente dentro de la estructura criminal hasta conformar la organización Amigos do Estado (ADE). Posteriormente, fue aprehendido y enviado a prisión en su país, pero logró escapar y llegar a Bolivia en 2021. Desde entonces, habría establecido su organización criminal en Santa Cruz, con apoyo logístico y de seguridad para el traslado de drogas, en coordinación con la organización internacional de Sebastián Marset y otros grupos asentados en la región.

La autoridad policial señaló que Pablo Escobar de Goiás es conocido en el ámbito criminal y considerado peligroso por los asesinatos que se le atribuyen. De acuerdo con las estimaciones mencionadas, estaría vinculado con cerca de 40 homicidios en Brasil y 12 casos de sicariato en Bolivia.

Finalmente, Álvarez afirmó que las investigaciones y los operativos continúan debido a que se identificaron posibles vínculos con otras personas que brindarían cobertura para la legitimación de ganancias ilícitas provenientes del tráfico de sustancias controladas. También denunció la existencia de un presunto sistema de protección que involucraría a altas autoridades del Ministerio Público y señaló que aún habría fiscales de materia que buscarían proteger a organizaciones dedicadas al narcotráfico. La autoridad ratificó su compromiso de continuar con las operaciones policiales. // BTV