El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5745, que reglamenta la protección integral para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos por feminicidio y otros delitos contra la vida. La norma establece un bono mensual de Bs 660, además de apoyo alimentario para menores de cinco años y medidas para facilitar el acceso a la educación y la salud.

El decreto reglamenta la Ley 1680, promulgada el 5 de noviembre de 2025, y establece mecanismos de asistencia económica y protección para las víctimas. Según la normativa, el bono equivale al 20% del salario mínimo nacional vigente y será entregado mensualmente a los beneficiarios o a sus representantes legales.

Apoyo económico y alimentario

El decreto dispone que el bono no podrá ser objeto de descuentos, retenciones ni cobros de comisiones, salvo en los casos expresamente previstos por la norma. También establece controles para el manejo de los recursos, incluidos límites a los retiros cuando el representante legal tenga la condición de guardador o tutor provisional, salvo autorización judicial.

Los menores de cinco años recibirán mensualmente un paquete de alimentos nutritivos cuyo valor equivaldrá al 20% del subsidio de lactancia vigente. El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) estará a cargo de su adquisición y distribución, con prioridad para los productos nacionales.

Acceso a educación y protección

La normativa instruye al Ministerio de Educación garantizar la inscripción inmediata de los beneficiarios en el sistema educativo. También prevé que, si deben cambiar de domicilio por razones de seguridad o cuidado, puedan ser trasladados a la unidad educativa más cercana sin restricciones por la fecha del calendario escolar.

Para acceder a los beneficios, los niños y adolescentes deberán ser registrados ante las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social. El decreto establece, además, que el agresor no podrá ejercer como representante legal y contempla la participación de la madre o el padre sobreviviente, siempre que no esté involucrado en delitos contra la vida de su pareja.

Los ministerios correspondientes deberán emitir sus reglamentaciones específicas en un plazo de hasta 40 días hábiles, con el objetivo de implementar las medidas previstas en el decreto en todo el país.//BTV