El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó ante la Fiscalía una querella por presunto daño económico al Estado en el proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), contratado en 2016 por más de 191 millones de euros. El proyecto contemplaba la instalación de 13 radares civiles y militares, centros de control de comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica. La autoridad remarcó que no se trataba de adquirir radares por separado, sino de recibir un sistema integral, funcional y listo para operar.

Modificaciones contractuales y demoras

El contrato inicial fijaba un plazo de entrega de 31 meses; sin embargo, durante su ejecución se firmaron siete contratos modificatorios en cuatro gestiones ministeriales, que cambiaron plazos, garantías, obligaciones y mecanismos de recepción. Como resultado, el tiempo previsto se amplió de 31 a 82 meses para la realización de pruebas, mientras que la demostración final se efectuó aproximadamente 98 meses después de la orden de proceder. La auditoría identificó observaciones en la contratación, las modificaciones, las garantías, los procesos de recepción y el resultado operativo del sistema.

Observaciones en los radares y posible daño económico

Los informes técnicos incorporados a la auditoría establecieron que, de los 13 radares, nueve presentaban observaciones, dos no estaban operativos y solo dos se encontraban sin observaciones. Además, la unidad de auditoría estimó un posible daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones. Justiniano señaló que la cuantificación, la metodología utilizada y la relación causal con las distintas actuaciones deberán ser examinadas dentro del proceso correspondiente.

Querella contra 19 personas, incluidos cuatro exministros de Defensa

La acción legal alcanza a 19 personas, entre exautoridades, exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista. Entre ellas figuran cuatro exministros de Defensa: Reymi Ferreira Justiniano, quien suscribió el contrato original y las dos primeras modificaciones; Javier Zabaleta López, firmante de la tercera y cuarta; Luis Fernando López Julio, quien firmó la quinta; y Edmundo Novillo Aguilar, responsable de la sexta y séptima modificaciones contractuales.

Justiniano aclaró que la inclusión de estas personas en la querella no responde únicamente a los cargos que ejercieron como autoridades, funcionarios públicos, militares o representantes empresariales. Indicó que el objetivo es que se investiguen los hechos y que, a partir de los resultados, se determine si corresponde establecer responsabilidades penales.

Procuraduría solicita investigación

Por su parte, el procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que la Procuraduría trabajó de manera coordinada con el Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Transparencia para presentar la denuncia. Precisó que los tipos penales señalados son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por lo que se solicitó al Ministerio Público investigar los hechos. // BTV