La representación de Bolivia propuso ante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realiza en Panamá, abrir una reflexión regional sobre los desafíos que enfrentan las democracias para garantizar simultáneamente el derecho a la protesta, la participación y la libre expresión, sin afectar el funcionamiento del Estado ni los derechos de la población. Durante su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, sostuvo que este constituye "un desafío práctico para todo el hemisferio".

El canciller afirmó que las democracias enfrentan un escenario marcado por una mayor polarización política, el crecimiento de la desinformación, el incremento de la violencia y una pérdida progresiva de confianza en las instituciones públicas. Señaló que estos factores ponen a prueba la capacidad de los Estados para responder a demandas legítimas sin comprometer la estabilidad democrática y la convivencia.

Como parte de la propuesta boliviana, Aramayo expuso la experiencia reciente del país durante el periodo de conflictividad social que afectó la libre circulación, el abastecimiento de bienes esenciales, el transporte, la actividad económica y la vida cotidiana. Explicó que las movilizaciones evolucionaron desde demandas legítimas hacia una confrontación política más profunda y que los bloqueos dejaron de ser un mecanismo de presión para el diálogo para convertirse en instrumentos destinados a paralizar el país y generar un creciente costo político, lo que puso a prueba la capacidad del Estado para preservar el orden constitucional.

La autoridad sostuvo que el Gobierno optó inicialmente por privilegiar el diálogo, la prudencia y evitar una escalada en el uso de la fuerza, al considerar que este constituye el último recurso en una democracia. En ese contexto, remarcó que los derechos humanos deben entenderse de manera integral, por lo que el derecho a la protesta debe coexistir con el acceso a la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad y la libre circulación.

Asimismo, advirtió que durante los 50 días de crisis el país enfrentó una polarización social amplificada por las redes sociales, donde el desacuerdo político adquirió una dimensión emocional que debilitó las posibilidades de diálogo y favoreció la desinformación y la manipulación de la opinión pública, dificultando aún más la gestión del conflicto.

Finalmente, Aramayo destacó la importancia de la cooperación internacional para afrontar este tipo de crisis y agradeció el respaldo brindado por los Estados miembros de la OEA, organismos internacionales y agencias de cooperación durante la emergencia. Además, respaldó el avance hacia una misión de cancilleres y ministros que fortalezca la cooperación regional frente a las amenazas comunes que enfrenta el hemisferio. //BTV