El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1779 de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que permitirá destinar al Órgano Judicial los recursos que no sean reclamados dentro de los plazos y procedimientos establecidos. Durante el acto, anunció que su Gobierno busca impulsar una reforma judicial desde enero de 2027, con apoyo de profesionales bolivianos e internacionales.

Recursos para fortalecer la justicia

Paz señaló que los fondos consolidados deberán contribuir al fortalecimiento del sistema judicial mediante tecnología, infraestructura y meritocracia. Aclaró que los recursos no estarán destinados a burocracia ni al pago de salarios, sino a las áreas priorizadas por el Tribunal Supremo de Justicia.

La norma establece un plazo de cinco años para reclamar los depósitos judiciales, contado desde la notificación de la resolución firme que autoriza su devolución. Cumplido ese periodo, deberán publicarse los listados correspondientes y habilitarse un plazo de 30 días para presentar reclamos, antes de que pueda concretarse la prescripción conforme al procedimiento legal.

Independencia judicial y lucha contra la corrupción

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que la calidad de la justicia está vinculada con la fortaleza democrática y cuestionó las presiones políticas que pueden afectar las decisiones judiciales. También relató un proceso que enfrentó por una obra ejecutada en Tarija y pidió que la institucionalidad y las leyes estén por encima de intereses particulares.

Paz advirtió además sobre las amenazas que pueden enfrentar los jueces en zonas fronterizas ante organizaciones criminales y sostuvo que el Estado debe garantizar condiciones para que ejerzan sus funciones con independencia. “No puede ser que la amenaza del crimen organizado sea el que dicte las sentencias en Bolivia”, manifestó.

Reforma judicial y nuevas inversiones

El presidente informó que el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, realiza gestiones en Panamá para obtener recursos adicionales destinados a respaldar las reformas, aunque indicó que el monto se dará a conocer posteriormente. Planteó organizar el trabajo durante los meses restantes del año para comenzar en enero de 2027 una transformación del sistema judicial.

Paz también vinculó la seguridad jurídica con la llegada de inversiones y señaló que el país debe revisar normas como la Ley de Inversiones, además de avanzar en futuras leyes de minería, salud y educación. Afirmó que estas disposiciones, junto con una justicia independiente y transparente, deben generar condiciones para proteger los derechos y promover el desarrollo económico.//BTV