Miriam Ayala, secretaria Ejecutiva de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, fue enfática al solicitar la anulación de esta norma y darán a conocer su decisión en la reunión con el ministro de Educación, Erick Sanjinés, misma que se realiza la tarde de este viernes en las instalaciones del Defensor del Pueblo

“Eso es lo que vamos a hacer en esta mesa de diálogo, exponer la postura de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, junto a las 31 federaciones departamentales y regionales. Nosotros nos ratificamos en nuestra posición: tenemos un acta de acuerdo firmada el 16 de mayo. Consideramos que hemos firmado un documento con gobernantes serios, gobernantes que han dado su palabra y que deben honrar su palabra”, dijo Ayala en contacto con la prensa antes de ingresar a la reunió con el ministro Sanjinés con intermediación del Defensor del Pueblo.

A mediados de octubre, el Ejecutivo impulsó un anteproyecto de ley dentro de su denominada Agenda 50-50 para descentralizar la educación técnica superior. Aunque las gobernaciones ya gestionan la infraestructura y el equipamiento de estos centros, la norma buscaba traspasarles la contratación de docentes y directivos, la definición de las mallas curriculares según las necesidades productivas de cada región y la emisión directa de títulos profesionales para evitar demoras burocráticas en La Paz”.

El Ministerio de Educación y el Viceministerio de Autonomías aclararon que la transferencia administrativa iría acompañada de un presupuesto anual y permanente de cerca de Bs 650 millones provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), destinados exclusivamente al pago de salarios. Asimismo, las autoridades descartaron que la medida implique una privatización y ratificaron el carácter gratuito de la enseñanza. Pese a esta aclaración, los maestros confederados se oponen a esta medida.

“Vamos a exponer y vamos a indicarles que exigimos la eliminación inmediata de ese anteproyecto de ley referido a la descentralización de los institutos técnicos, tecnológicos a favor de las gobernaciones. No queremos que se vuelva a considerar su tratamiento ni mañana, ni pasado, ni nunca más”, dijo Ayala entrevistada por BTV.

Tanto el magisterio urbano como el rural rechazaron el proyecto mediante paros de 24 y 48 horas, marchas y huelgas de hambre. Los dirigentes sindicales advirtieron que el traspaso vulnera el escalafón docente nacional, pone en riesgo la estabilidad laboral de los maestros y abre la puerta a una posible privatización o cierre de institutos por falta de capacidad financiera en las regiones.

Suspensión temporal

A raíz de estas protestas, el Gobierno acordó suspender temporalmente el anteproyecto de ley que buscaba transferir la administración de los referidos institutos a las gobernaciones. La medida fue pausada el 11 de noviembre mediante un acuerdo con el magisterio rural para someter la propuesta a una evaluación en mesas técnicas regionales. //BTV